La transformación digital de la salud suele narrarse con palabras brillantes: inteligencia artificial, interoperabilidad, telemedicina, big data. Pero detrás de esa gramática de futuro hay una pregunta más simple y más incómoda: ¿quién queda dentro del sistema cuando el sistema se vuelve digital?
La Organización Mundial de la Salud define la salud digital como el campo de conocimiento y práctica asociado con el desarrollo y uso de tecnologías digitales para mejorar la salud. Pero esa definición, por sí sola, no basta. La salud digital no debería ser una carrera por incorporar herramientas, sino una forma de ampliar el derecho a la salud, especialmente para quienes históricamente han sido ignorados, maltratados o expulsados de los servicios.
Para las comunidades LGBTQIA+, esta discusión no es abstracta. La OMS reconoce que las personas LGBTIQ+ tienen menos probabilidades de acceder a servicios de salud e interactuar con trabajadores sanitarios debido al estigma, la discriminación, la negación de atención, las actitudes discriminatorias y la patologización inapropiada. En las Américas, la OPS ha señalado que el estigma y la discriminación siguen siendo obstáculos centrales para acceder a servicios integrales y de calidad, y que muchas respuestas sanitarias continúan concentradas en VIH e ITS sin abordar de manera integral las necesidades de salud de esta población.
Las cifras ayudan a dimensionar el problema. En una encuesta del Center for American Progress en Estados Unidos, 8% de las personas LGBQ que habían visitado a un proveedor de salud reportaron haber sido rechazadas por su orientación sexual real o percibida. Entre personas transgénero, la cifra subió a 29% por identidad de género real o percibida. En el mismo estudio, 9% de las personas LGBQ y 21% de las personas trans reportaron lenguaje duro o abusivo por parte de un proveedor; además, 8% de las personas LGBTQ y 22% de las personas trans evitaron o postergaron atención necesaria por temor al irrespeto o la discriminación.
Un estudio más reciente, también en Estados Unidos, encontró que las personas LGBTQ+ reportaron tasas significativamente más altas de gaslighting médico que las personas cisgénero y heterosexuales: 46.5% frente a 26.5%. El mismo estudio documentó trauma médico en 18% de las personas LGBTQ+, frente a 8.9%, y menor confianza en los sistemas de salud: 17.8% frente a 30.4%. La geografía puede cambiar; la advertencia no. Una persona que teme ser humillada en la ventanilla, invisibilizada en el expediente o expuesta por una filtración de datos tiene menos probabilidades de buscar atención a tiempo.
Entre jóvenes LGBTQ+, la urgencia es aún mayor. La encuesta nacional 2025 de The Trevor Project, realizada con más de 16,000 jóvenes LGBTQ+ de 13 a 24 años en Estados Unidos, encontró que 36% consideró seriamente intentar suicidarse durante el año previo y que 10% lo intentó. También reportó que 44% de quienes querían atención en salud mental no pudieron recibirla. En ese punto, la salud digital deja de ser una agenda tecnológica y se convierte en una agenda de protección, dignidad y vida.
¿Qué pasa si agregamos tecnología a la desigualdad y exclusión social?
La respuesta depende de la gobernanza. La salud digital puede ser un puente, pero no si asume que todas las personas tienen conectividad, dispositivos, alfabetización digital, espacios seguros en casa y confianza institucional. Una revisión de la OMS Europa publicada en 2026 advierte que personas con mayores necesidades de salud y barreras lingüísticas todavía enfrentan dificultades para usar servicios digitales por acceso limitado, baja alfabetización digital y herramientas mal adaptadas a necesidades diversas.
La misma cautela aplica a la inteligencia artificial. La OMS reconoce su enorme potencial para diagnóstico, tratamiento, investigación y salud pública, pero advierte que la ética y los derechos humanos deben estar en el centro de su diseño, despliegue y uso. En términos prácticos, esto significa que los algoritmos no pueden aprender de datos que subregistran, clasifican mal o borran a comunidades enteras. Un modelo clínico entrenado con poblaciones parciales puede producir medicina parcial.
Pero esta también es la oportunidad. La transformación digital permite rediseñar reglas que antes parecían inamovibles. Los expedientes electrónicos pueden registrar sexo asignado al nacer, identidad de género, nombre social y pronombres sin reducir a las personas a un binario. La telesalud puede conectar a pacientes rurales o estigmatizados con profesionales capacitados. La gobernanza de datos puede proteger información sensible y, al mismo tiempo, permitir análisis agregados y anónimos para visibilizar necesidades históricamente ausentes de las estadísticas oficiales.
Nada de esto ocurre por accidente. Requiere marcos regulatorios, ciberseguridad, interoperabilidad, estándares, participación comunitaria, formación del talento humano y una ética aplicada desde el diseño. Una plataforma no es exitosa porque sea moderna; es exitosa si amplía acceso, mejora calidad y protege dignidad.
Esta no es una agenda lateral para quienes trabajamos en salud digital. Impulsar una transformación digital diversa, equitativa e inclusiva del sector salud en América Latina y el Caribe, orientada a la cobertura universal antes de 2030, exige hacernos preguntas incómodas en cada proyecto: ¿quién no está en los datos?, ¿qué identidad está siendo simplificada?, ¿qué privacidad está en riesgo?, ¿qué comunidad participó en el diseño?
El futuro de la salud será digital. La verdadera pregunta es si también será justo. Si la salud digital quiere servir al derecho a la salud, la inclusión no puede ser un módulo agregado al final. Tiene que ser la arquitectura.
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