Hay un paciente que no aparece en ninguna estadística de cobertura digital. Intentó tres veces conectarse a su teleconsulta, la señal falló, el saldo del plan se agotó y nadie del sistema de salud volvió a llamarlo. Su historia no quedó registrada como una falla del sistema —quedó registrada como «no asistencia». Se trata de un escenario ilustrativo, no de un caso clínico documentado individualmente, pero refleja un patrón que la literatura revisada describe de manera recurrente. Ese silencio estadístico es, quizás, el hallazgo más incómodo de una revisión de alcance (scoping review) que analizó 667 estudios científicos publicados entre 2020 y 2025 sobre inclusión digital en salud, siguiendo la metodología JBI/PRISMA-ScR (registro OSF: doi.org/10.17605/OSF.IO/RA2T3).
La investigación identificó que la exclusión digital en salud no es un accidente tecnológico. Es un fenómeno asociado de manera recurrente con sistemas y decisiones institucionales que no incorporan la equidad como condición de partida. Y esa observación tiene una implicación directa para quienes formulan política pública en América Latina: el problema no se resuelve solo con más infraestructura —requiere decisiones de diseño institucional.
El corpus es consistente en un hallazgo que rara vez llega a las mesas de decisión: tres factores se asocian de manera recurrente, en distintos contextos culturales, con el nivel de inclusión digital en salud —educación, ingreso y geografía (Hua et al., 2025; Arcury et al., 2020)— y no operan de forma aislada, sino que pueden acumularse y reforzarse entre sí. Una persona con bajo nivel educativo, ingresos insuficientes y ubicada en zona rural acumula desventajas que difícilmente pueden compensarse con una intervención de un solo nivel. La literatura también sugiere que la edad no opera de forma aislada: el acompañamiento sostenido, la experiencia de uso y el acceso continuo a tecnología pueden favorecer el desarrollo de competencias digitales en personas mayores (Cai et al., 2024; Yang et al., 2024). La brecha, en otras palabras, no puede explicarse únicamente por la edad —también responde a condiciones estructurales sobre las que la decisión política puede incidir.
Siete factores, un solo sistema
El corpus permitió construir un marco estructural con siete factores identificados de forma recurrente en la literatura: conectividad, dispositivos y asequibilidad, brecha digital socioeconómica, teleconsulta como paradoja, usabilidad y diseño, política pública, y modelos de gestión. La evidencia es clara en un punto que suele pasarse por alto: estos factores no actúan de forma independiente. Son dimensiones interdependientes, donde la debilidad de una puede limitar la eficacia de las demás. Cuando una de estas dimensiones está ausente o es insuficiente, los patrones identificados en la literatura muestran que el acceso puede verse comprometido y que las intervenciones aisladas pierden capacidad de respuesta.
Esto plantea una implicación relevante para la política pública latinoamericana: intervenir un solo factor —por ejemplo, subsidiar dispositivos sin garantizar conectividad asequible, o expandir teleconsulta sin rediseñar la usabilidad para adultos mayores— puede tener efectos limitados sobre la inclusión si otras dimensiones del sistema permanecen sin resolver.
Tres decisiones que la política pública debe tomar
Primera: los sistemas de salud deben incorporar indicadores de exclusión digital, no solo de cobertura. El número de teleconsultas realizadas no es evidencia de inclusión —es evidencia de uso entre quienes pudieron usar. Un sistema que solo mide a los conectados es estructuralmente ciego a quienes más necesita ver.
Segunda: la intersectorialidad no puede seguir siendo retórica de discurso institucional. Es la respuesta más coherente a un problema que cruza conectividad, educación, diseño y gobernanza sanitaria. La exclusión digital en salud no empieza en el consultorio: también se configura en la escuela donde no se desarrollaron competencias digitales y en entornos donde la conectividad sigue siendo insuficiente o poco asequible. Ningún ministerio puede resolver esto solo. A partir de estos hallazgos, una recomendación de política es establecer mecanismos intersectoriales permanentes entre Salud, TIC y Educación, con responsabilidades, metas y seguimiento compartidos.
Tercera: el principio de equidad desde el diseño debe convertirse en criterio obligatorio de aprobación y financiamiento. Todo sistema o plataforma de salud digital que reciba recursos públicos debería demostrar, antes de su aprobación, cómo contempla el acceso de los grupos con mayor acumulación de factores restrictivos. Esta debería ser una exigencia explícita en los procesos de contratación y financiamiento público de soluciones digitales en salud.
El costo de no decidir
La investigación también identifica algo que rara vez se discute en los espacios de transformación digital: el profesional de salud —convertido en la bisagra entre la tecnología y el paciente— también enfrenta barreras estructurales, entre ellas formación insuficiente y falta de tiempo institucional para ejercer esa función. Una política de inclusión digital que solo mira al usuario final y no al profesional que debe operar el sistema está incompleta desde su diseño.
América Latina tiene, además, una responsabilidad epistémica pendiente: el corpus global está dominado por evidencia anglosajona que describe un fenómeno en condiciones que no son las nuestras. La región necesita construir conocimiento propio, no adaptar marcos ajenos.
Hay, finalmente, una dimensión que requiere mayor atención en la política pública de salud digital: la equidad intergeneracional. Las decisiones de infraestructura y financiamiento que se tomen hoy —o que se posterguen— influyen en las capacidades que heredará la próxima generación de pacientes y profesionales. Un sistema de salud digital construido sin criterios de sostenibilidad ni de equidad no solo puede excluir a quienes hoy enfrentan barreras de acceso: también puede limitar la capacidad del sistema para responder a las necesidades futuras.
Este no es un llamado a más pilotos ni a más diagnósticos. Los siete factores aparecen identificados de forma recurrente en la literatura, sus interdependencias pueden trazarse y existe evidencia suficiente para orientar decisiones. Lo que falta es traducir ese conocimiento en criterios concretos de diseño, financiamiento y evaluación. El paciente que colgó el teléfono no necesita otro estudio que documente por qué no pudo conectarse. Necesita un sistema diseñado para reducir la probabilidad de que eso vuelva a pasar.
Referencias
- Arcury, T. A., Sandberg, J. C., Melius, K. P., Quandt, S. A., Leng, X., Latulipe, C., Miller, D. P. J., Smith, D. A., & Bertoni, A. G. (2020). Older adult internet use and eHealth literacy. Journal of Applied Gerontology, 39(2), 141–150. https://doi.org/10.1177/0733464818807468
- Cai, W., Liang, W., Liu, H., Zhou, R., Zhang, J., Zhou, L., Su, N., Zhu, H., & Yang, Y. (2024). Electronic Health Literacy Scale-Web3.0 for older adults with noncommunicable diseases: Validation study. Journal of Medical Internet Research, 26, e52457. https://doi.org/10.2196/52457
- Hua, Z., Yuqing, S., Qianwen, L., & Hong, C. (2025). Factors influencing eHealth literacy worldwide: Systematic review and meta-analysis. Journal of Medical Internet Research, 27, e50313. https://doi.org/10.2196/50313
- Medina Ocampo, D. E. (2026). Factores estructurales de la inclusión digital en salud [Preinscripción]. Open Science Framework. https://doi.org/10.17605/OSF.IO/RA2T3
- Menendez, M. E., Moverman, M. A., Puzzitiello, R. N., Pagani, N. R., & Ring, D. (2021). The telehealth paradox in the neediest patients. Journal of the National Medical Association, 113(3), 351–352. https://doi.org/10.1016/j.jnma.2020.09.144
- Yang, Y., Yao, X., Lu, D., Wang, Y., Gan, Y., Bao, X., Zhang, J., & Zhang, Q. (2024). Improving the eHealth literacy of older adults: A scoping review. Geriatric Nursing, 60, 128–136. https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2024.07.028
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